El Gobierno ha acordado con CCOO y UGT, que suman la mayoría de la representación de la Mesa de Función Pública, los aumentos salariales de la Función Pública para los años 2022, 2023 y 2024.
El anterior acuerdo abarcaba los años 2018, 2019 y 2020. El año 2021 ha estado fuera de los procesos negociadores, respecto a 2022 el Gobierno decidió unilaterlamente un incremento del 2% en los Presupuestos Generales del Estado de este año.
En esta tabla tienes la evolución de nuestras retribuciones durante el anterior acuerdo y el tiempo sin acuerdo, periodo en el que hemos perdido un 2,65% de poder adquisitivo. Esa pérdida puede verse reducida al 1,15€ tras el incremento del 1,5% para 2022 acordado ahora.
Fuente: https://www.epdata.es/gobierno-anuncia-subida-225-salario-empleados-publicos/9c5a852a-c515-4f78-8532-b0e9a793bc65 – *Previsión del Banco de España
El actual acuerdo vuelve a plantear unos incrementos retributivos vinculados, en parte, a la marcha de la economía, técnica que rechazamos pues se utiliza únicamente en momentos de crisis, no en las etapas de crecimiento como sería coherente con esa lógica.
El elemento diferencial de la situación actual respecto a los años anteriores es que la UE no está pidiendo un esfuerzo especial a España con el fin de que cumpla una serie de objetivos macroeconómicos (como era la reducción del déficit público).
¿Por qué estos incrementos?
El Gobierno acuerda con CCOO y UGT estos incrementos porque forman parte de la propuesta mínima de estos sindicatos para el Acuerdo Interconfederal de Negociación colectiva para el sector privado.
Podían haber sido otros. Baste recordar el Acuerdo Parlamentario para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y se vinculen directamente al IPC que posibilitará que el año 2023 éstas se incrementen en un 8,5%; o la decisión de duplicar el gasto militar en los próximos años, lo cual supondrá destinar a esta partida 2.600 millones de euros más en 2023.
Más allá de otras negociaciones futuras mencionadas en el acuerdo pero de dudoso cumplimiento como la jubilación anticipada de los funcionarios o la eliminación de la tasa de reposición, el acuerdo suscrito propone una subida fija (con la que sí podremos contar) y una condicionada a la evolución del IPC y del PIB, que previsiblemente no se activará dadas las previsiones actuales.
*Si a finales del año que viene la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPC armonizado de septiembre de 2023 superan el 6%, estos salarios aumentarán un 0,5% adicional.
**Si el PIB de 2023 iguala o supera al 5,9% que se estima en los presupuestos generales del Estado de ese año.
***Si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
El incremento del 1,5% de 2022 tiene efectos de 1 de enero y se abonará en una paga a final de este año.
Debemos dar la batalla de los salarios
Sin duda la batalla de los salarios hay que darla en dos frentes: por una parte, en el establecimiento de una Cláusula de Revisión Salarial, como ya tenía el PAS hasta 2010 y disponen un 30% de las personas asalariadas de este país a través de sus convenios colectivos, y por otra parte en las condiciones salariales de la Universidad de Zaragoza.
Comparativamente el personal de la Universidad de Zaragoza se encuentra entre los que peores retribuciones tiene de las Universidades de nuestro entorno. La explicación se encuentra en que nuestros Equipos Rectorales tradicionalmente se han distinguido por relegar los aspectos retributivos a los últimos lugares de sus prioridades.
Cuando hay fondos presupuestarios y normas que permiten al Consejo de Dirección aplicar incrementos, equiparaciones de quinquenios y sexenios, asignaciones de mayores Fondos Adicionales, implantación de sistemas de Carrera Profesional, promociones, etc.. siempre hay necesidades mayores que atender. El Consejo de Dirección juega la batalla por la credibilidad de la gestión rigurosa de los fondos públicos a costa de nuestros derechos retributivos.
Tenemos el dudoso honor de haber sido los últimos empleados públicos del Estado en recuperar la paga extra de 2012.
Parte de su trabajo se lo damos hecho cuando rebajamos nuestros niveles reivindicativos.
El ambiente social no es muy propicio, máxime cuando oímos a expertos de nuestra universidad hablando en la radio sobre los problemas que supone que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo o que nuestras pírricas subidas salariales son a costa de reducir la productividad del país.
No entendemos cómo explican que el personal de la sanidad privada sí es tejido productivo porque genera beneficios a la empresa y el personal de la sanidad pública no es tejido productivo. Lo mismo afirman del personal de las universidades privadas frente al de las universidades públicas. Con esos discursos tan “poco académicos” no es de extrañar que haya gente que manifieste que nos van a subir el sueldo el 9,5%, o que nos van a dar «una paguilla de 500 euros en Navidad» como “regalo con fines electorales”, en una muestra evidente del resultado de la manipulación mediática.
En la medida de nuestras posibilidades, debemos tomar conciencia de la situación real y exigir, el mantenimiento de nuestro poder adquisitivo a través de fórmulas de Revisión Salarial, al tiempo que debemos señalar la responsabilidad del Consejo de Dirección en nuestros bajos niveles salariales.