El presidente de la Junta de PAS, respaldado por el Pleno de la misma, ha podido trasladar al rector, gerente y demás miembros del Consejo de Gobierno la pérdida de confianza del PAS en el rector y su equipo.
Ante las declaraciones del Rector de la Universidad de Zaragoza relacionadas con el conflicto relativo a la acción social de la Universidad, la Junta de Personal de Administración y Servicios quiere hacer las siguientes puntualizaciones:
Según indica la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, el llamado “premio” de jubilación es una retribución, a pesar de que la misma Sala, como nuestro Pacto vigente desde hace más de 20 años, lo conceptuaba como acción social hasta hace bien poco. En realidad, se trata de una mejora de las prestaciones de la Seguridad Social cuando el trabajador finaliza su relación laboral. Nada de lo que se firmó el año 2000 era ilegal o contradecía la doctrina del Tribunal Supremo. De hecho, el personal laboral de la Universidad de Zaragoza puede seguir cobrándolo al amparo de su convenio colectivo. Por eso, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencias que afirman su naturaleza de mejora de la jubilación y no la consideran una retribución.
Sin embargo, para los funcionarios, el nuevo relato es diferente. La Sala de lo Contencioso del mismo Tribunal Supremo afirma en su sentencia que, a diferencia del personal laboral, sus retribuciones deben venir especificadas en una ley.
La Junta de Personal de Administración y Servicios recuerda que esta retribución es fruto de un acuerdo con la Universidad, una modificación pactada de las condiciones de trabajo de su personal que tuvo lugar durante el proceso de funcionarización de la plantilla laboral y que conllevó también sus correspondientes ventajas económicas para la institución, beneficios económicos que no ha dejado de percibir desde el inicio de la vigencia de este Pacto ni tampoco a día de hoy, tras la famosa sentencia del 28 de febrero pasado. La desaparición de esta retribución tiene que ser necesariamente compensada con el fin de preservar la equidad de dicho acuerdo. Quien lleva más de 30 años trabajando en esta casa no puede quedarse sin nada de la noche a la mañana.
Otras administraciones pactan en sus acuerdos y convenios las mejoras a las prestaciones de la Seguridad Social de forma similar o diferente a la nuestra. En el caso de la Universidad de Zaragoza, se acordó valorar y recibir el importe de la acción social al final de la vida laboral en lugar de percibirlo a lo largo de la misma en conceptos como prestaciones bucodentales, oculares, auditivas, ortoprotésicas o podológicas, por mencionar tan solo algunas de las que disfrutan quienes cotizan a MUFACE.
El Rector de la Universidad de Zaragoza ha declarado que «se han presentado propuestas de negociación a los representantes sindicales, pero no han sido escuchadas ni acordadas” y que “la representación del personal no ha hecho propuestas para la sustitución del premio”. Rechazamos estas afirmaciones por su falsedad, y le recordamos que nuestra primera propuesta fue presentada a Gerencia mucho antes de la aparición de ninguna sentencia que la pusiera en entredicho, siendo rechazada.
La Junta de Personal, y la Comisión Negociadora del Pacto-Convenio, no han dejado de proponer para su estudio numerosas ideas con el objeto de encontrar acomodo jurídico a esta prestación en el nuevo marco diseñado por el Tribunal Supremo.
También rechazamos la afirmación que hace el Rector acerca de sus iniciativas. Hasta el momento, las ideas presentadas (plan de pensiones y suscripción de seguro) han sido retiradas por el equipo rectoral al ser desaconsejadas por sus propios expertos. Seis meses antes de publicarse la sentencia del Tribunal Supremo la Universidad ya suspendió la concesión de oficio y tras las movilizaciones del personal, anuló esa orden y siguió pagando la retribución hasta el momento de dictarse la misma.
El personal de la Universidad de Zaragoza ha perdido su confianza en el Rector. Desde la parte sindical le pedimos un compromiso claro por el cual reconozca que el derecho a la prestación por jubilación sigue vigente y que va a cumplirlo. Y nos ofrecemos a debatir y negociar la fórmula concreta que resulte más adecuada, pero sin merma de nuestros derechos. Todo ello con la vista puesta en el mejor interés de la Universidad y su plantilla.
