Dentro de la ronda de contactos del Gobierno de Aragón con los sindicatos de la enseñanza, la nueva Consejera de Educación, Ciencia y Universidades Carmen Susín se ha reunido con representantes del PDI y del PTGAS de SOMOS, que formaban parte de la delegación del Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Aragón.
Desde SOMOS se ha hecho hincapié en la necesidad de revisar el Modelo Global de Financiación de la Universidad de Zaragoza pues su vigencia finaliza en el año 2026 y con él los principales acuerdos y contratos programa, como son el de revisión y mejora de la Carrera Profesional de PTGAS, o el Contrato Programa de Complementos Autonómicos para el PDI, que precisa generalizarse y actualizarse puesto que su dotación se mantiene congelada desde hace cinco años. Hemos solicitado transparencia en la negociación del Modelo Global de Financiación y participación de los sindicatos más representativos.
También hemos puesto en evidencia la necesidad de mejorar la ratio PTGAS/PDI que se encuentra entre las más bajas del Estado (0,62 PTGAS por cada PDI, frente a la media de 0,71) así como impulsar un plan de promoción que equipare la estructura de la clasificación de puestos de trabajo de la Universidad de Zaragoza a la media del Sistema Universitario Español.
SOMOS ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una herramienta legislativa aragonesa de desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que permita las acreditaciones del profesorado por parte de la ACPUA, genere las figuras contractuales de PDI que reduzcan determinadas condiciones precarias y posibilite el reconocimiento de sexenios a todo el personal investigador.
Por último, desde SOMOS hemos preguntado sobre el alcance del Acuerdo de Gobierno que establece la gratuidad en la primera matrícula universitaria para el alumnado aragonés que haya realizado la prueba de acceso a la universidad en Aragón, lo que de ser aplicado al pie de la letra supondría un «concierto del primer curso de la universidad privada» mediante un trasvase muy importante de fondos públicos (por ejemplo en la Universidad San Jorge hay unos 900 estudiantes del primer curso). No hemos obtenido una respuesta que nos permita concluir que los fondos públicos que suponen esta medida únicamente se apliquen a los estudiantes de la Universidad Pública de Aragón.
El concierto de bachillerato con centros privados supone el trasvase de 7 millones de euros públicos a la enseñanza concertada, de forma innecesaria puesto que hay plazas suficientes en la red pública. ¿Sucederá lo mismo con el primer curso de la universidad privada?