Carta Social Para Aragón
Desde los sindicatos de ámbito aragonesista
CATA, CUT, ISTA, OSTA, SASA y SOA, os queremos hacer llegar una propuesta de “Carta Social Para Aragón” que suponga un nuevo modelo social y económico para nuestro territorio, enmarcado en un marco propio de relaciones laborales y sociales, donde se prioricen los derechos y las necesidades de la ciudadanía, por encima de intereses neoliberales.
Este modelo debe garantizar los derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, jóvenes, mujeres y jubilados, como empleo digno, protección social, bienes esenciales como son la vivienda, gas, electricidad y agua, pensiones dignas y servicios públicos gestionados por la administración, evitando así que sean fuente de lucro, garantizando la calidad que la ciudadanía nos merecemos.
Necesitamos cuotas de mayor autogobierno aragonés. Tenemos que defender nuestros derechos sociales y laborales, defender la calidad de los servicios públicos para conseguir paulatinamente, un cambio de modelo social y económico, donde los aragoneses y aragonesas podamos decidir por nosotros mismos el camino a seguir y el modelo político que deseamos, alejándose de la dependencia de las políticas restrictivas que emanan de Madrid. Las instituciones aragonesas deberán tener capacidad legislativa sobre todas las materias contenidas en esta Carta.
Las instituciones aragonesas deben asumir la responsabilidad que tienen contraída con su ciudadanía y adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar a dicha ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos sociales básicos, e impedir que decisiones ajenas se impongan por medio de decretos, reformas legislativas o cualquier otro tipo de actuaciones.
Es hora de que las mujeres y los hombres que vivimos en Aragón construyamos, en igualdad de derechos y obligaciones, otro proyecto económico y social para nuestra comunidad, sin más imposiciones ni injerencias que nuestra propia voluntad.
No podemos seguir permitiendo el desmantelamiento y privatización de una red de servicios públicos conseguida con mucho esfuerzo por parte de toda la ciudadanía y especialmente mediante la lucha de la clase trabajadora, y que por ello es patrimonio de todos y ha de defenderse por quienes nos representan.
Esta Carta Social pretende ser una síntesis de las aspiraciones y reivindicaciones más reclamadas por quienes vivimos en Aragón, por parte de la clase trabajadora, y amplios sectores de la población aragonesa. Ésta se construiría entorno a una serie de medidas que consideramos fundamentales:
Cese de la política de recortes en los servicios esenciales para l@s aragones@s. Las distintas instituciones aragonesas establecerán las condiciones jurídicas, fiscales y administrativas necesarias para garantizar la igualdad de las personas en el acceso a unas condiciones de vida dignas, impedir la mercantilización de los derechos sociales básicos y bienes comunes, asegurar la titularidad comunitaria de los servicios públicos y la participación de las personas en el ámbito político y social.
Creación de un salario social de 1.200€. A trabajo de igual valor, igual salario. No se admitirá la discriminación y arbitrariedad salarial en función del sexo, lugar de origen, ideología, identidad sexual.
Se garantizará un salario mínimo acorde a las condiciones socioeconómicas de Aragón (1.200 €).
Este salario se ligará a la riqueza producida en Aragón.
Control y gestión pública directa de los servicios básicos (sanidad, educación, trasporte, suministro de agua, electricidad y gas, etc…). Los servicios públicos están obligados a la defensa del bien común. Su objeto es garantizar el ejercicio de los derechos sociales como bien común colectivo.
Es hora de apostar por un modelo de servicio público con una gestión pública responsable, transparente y adaptada a las necesidades de la población.
Una gestión eficaz dónde se valore la calidad y no los beneficios empresariales, y que esté fundamental y principalmente al servicio del ciudadano.
Derecho a la vivienda garantizado para todos los ciudadanos y ciudadanas. Las Administraciones aragonesas garantizarán que la vivienda sea accesible a toda la población, en función de sus ingresos económicos; que a ningún trabajador en paro se le corte el suministro de servicios necesarios (agua, electricidad, y gas) por falta de pago.
Toda persona tiene derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, habitable, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales. La vivienda es una necesidad básica que queda fuera de la lógica del mercado y la especulación.
El alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías, la función social de la propiedad y del suelo urbanizable serán acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda.
Toda persona tiene derecho al uso de una vivienda digna adecuada a sus necesidades, incluidas las asociadas a la diversidad funcional.
Las Administraciones públicas garantizarán el ejercicio del derecho a la vivienda desde la habilitación de un parque público de viviendas para alquiler social.
Sanidad, educación y asistencia jurídica garantizadas para todos y todas. El derecho a la salud de todas las personas implica vivir en un medio ambiente sano, disponer de una alimentación sostenible y contar con entornos saludables y seguros.
Las instituciones públicas aragonesas garantizarán el acceso a la atención integral de la salud, a través de un sistema de salud público, universal y gratuito en el momento de uso, financiado con presupuestos públicos.
Igualmente los poderes públicos estarán obligados a considerar los efectos en la salud en todas las políticas públicas y actividades privadas, enfrentando en especial aquellas que generan las actuales desigualdades sociales en salud.
El sistema educativo será propio, impartiéndose las diferentes lenguas oficiales que se hablan en Aragón (castellano, aragonés, catalán). Toda persona tiene derecho a acceder a un sistema educativo público, plural, laico, gratuito, e igualitario desde el punto de vista de género (coeducación), que desarrolle el espíritu crítico y solidario en todas las etapas educativas, tanto las obligatorias como las que no lo son.
Creación de empleo: jornada laboral 35 horas semanales. Se establecerá la reducción del tiempo de trabajo semanal, anual y vital sin merma del salario, como estrategia de creación y reparto del trabajo y la riqueza, así como una estrategia para la conciliación de la vida laboral y vital promoviendo la corresponsabilidad y la superación de los roles de género diferenciados.
Dentro de los contenidos básicos del Marco Aragonés de Relaciones Laborales y protección social, es necesario que el Gobierno aragonés, tenga capacidad legislativa plena e instrumentos de intervención y participación para determinar las normativas sociolaborales, desarrollar las políticas activas y pasivas de empleo, la formación profesional y asimismo, establecer con las aportaciones de trabajadores y trabajadoras y empresariado un SALUD con capacidad normativa y garante de una política social universal para la ciudadanía aragonesa.
El marco aragonés de negociación colectiva es, asimismo, una parte determinante de un marco aragonés de relaciones Laborales. La negociación colectiva se tiene que ir articulando a nivel sectorial y de empresa sin que se impongan ámbitos de negociación estatales.
Prestación por desempleo y pensiones dignas: Compensación de posibles recortes que provengan de Madrid. Al objeto de lograr una participación libre, autónoma e igualitaria, las Administraciones aragonesas, en colaboración con los agentes sociales, programarán una estrategia de participación social en los asuntos públicos.
Toda persona tendrá derecho a un empleo digno, socialmente útil, estable, con una remuneración justa que garantice acceder a unas condiciones de vida dignas y autónomas.
En la actualidad se velará por la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades debiéndose adaptar en caso de diversidad funcional, las condiciones de trabajo a las capacidades personales.
Normativamente no se permitirá el despido libre e injustificado. Se garantizará un subsidio de desempleo indefinido mientras dure dicha situación. Se dispondrá de servicios públicos de empleo, gratuitos y suficientes para la orientación, formación y recualificación profesional.
Toda persona trabajadora tendrá derecho a la libre sindicación, a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y a la huelga para defender sus intereses. Los derechos de huelga, negociación colectiva y acción sindical serán derechos básicos laborales universales y las administraciones aragonesas regularán estas materias desde la soberanía y con criterios nunca inferiores a los contemplados en el pasado.
Toda persona empleada tiene derecho a realizar sus tareas sin estar expuesta a riesgos laborales. El Gobierno aragonés se dotará de los recursos necesarios para desarrollar el anterior derecho desde el sistema sanitario público.
La Administración laboral aragonesa se dotará de una Inspección de Trabajo propia.
Defensa y potenciación del tejido productivo aragonés, priorizando las empresas y explotaciones familiares y las que tienen un objetivo social, respetando siempre los límites de la naturaleza, el ecosistema y los recursos naturales. Los poderes públicos garantizarán la preeminencia del interés comunitario sobre los intereses privados en todas aquellas cuestiones que afecten al modelo socio-productivo aragonés, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social y la planificación del territorio.
Se priorizarán todas aquellas relaciones de producción, distribución y consumo basadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y ayuda mutua.
El sector público aragonés garantizará su preeminencia en la planificación económica general, la subsidiariedad de la iniciativa privada y el desarrollo del tejido social y productivo aragonés.
Para ello, se dotará de cuantos instrumentos normativos e institucionales sean necesarios en materia de: planificación económica, organización del territorio, modelo de desarrollo endógeno y sostenible, innovación, intervención pública directa en sectores estratégicos de la economía como el uso de los bienes de la naturaleza, producción y comercialización de la energía, sistema financiero e impulso de nuestra soberanía alimentaria. Las políticas presupuestarias y fiscales en Aragón se basarán en el principio de equidad, progresividad, y reparto equitativo de la riqueza.