El pasado diciembre junto con el sindicato CGT denunciamos la discriminación de la que somos objeto el PDI-PAS de la UZ, respecto del resto de los empleados públicos de la Comunidad Autonómica de Aragón.
La gota que vino a colmar el vaso fue la actitud displicente con la que, nuevamente, se trata un aspecto retributivo del Personal Universitario, en este caso los Fondos Adicionales.
Recordemos que las normas que regulan las retribuciones de los empleados públicos en el año 2018, 2019 y 2020, han posibilitado que la masa salarial (el volumen de las retribuciones que percibimos todo el personal de la UZ) se pueda ver incrementada en un 0,20%; 0,25% y 0,30%, respectivamente: y en nuestro caso, teniendo en cuenta que la UZ tiene superávit, en un 0,30% cada uno de estos tres años.
Pues bien, en 2018 el Rectorado solicitó autorización para incrementar la masa salarial y la DGA no se lo concedió (quizá porque en la DGA todavía no habían negociado un sistema de distribución de ese fondo para su personal directo).
En 2019 el Rectorado volvió a solicitar autorización y no obtuvo respuesta de la DGA, a pesar que en noviembre del 2018 en la DGA ya habían acordado un sistema de distribución de las cantidades de 2018 y 2019 para su personal directo.
En 2020 el Gobierno de Aragón por fin ha autorizado que el Rectorado incremente estas cantidades, pero en la parte baja de la horquilla, sin tener en cuenta que la UZ ha tenido superávit en 2017 de cuatro millones de euros y en 2018 de siete millones de euros.
La Universidad de Castilla La Mancha, también ha tenido superávit y ha aplicado el 0,30% en la asignación de Fondos Adicionales, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto dar el más mínimo paso cuando hablamos de retribuciones?
¿No es suficiente que haya una Ley de Presupuestos Generales del Estado que lo establezca?
¿Por qué tenemos que esperar tres años, para ver incrementado la más mínima cantidad?
¿Sabes que fuimos los últimos empleados públicos de todo el Estado en recuperar la paga extra de 2012?