Hace cinco años, la ONU declaró el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
Durante milenios, la violencia sexual, considerada como parte inseparable del el éxito del guerrero victorioso, ha sido utilizada deliberadamente como arma de guerra, para humillar al enemigo y destruir su tejido familiar y social. En ocasiones, para eliminar etnias o comunidades.
En épocas más recientes, la violencia sexual como táctica bélica, pasó a ser considerada como “un problema menor”, una “tradición” normalizada, difícil de evitar.
Las violaciones múltiples, la prostitución forzada, el chantaje sexual a cambio de alimentos, han estado y siguen estando presentes en la mayoría de los conflictos bélicos
Aunque se ejerce sobre hombres y mujeres de todas las edades, es infligida mayoritariamente por hombres sobre mujeres, adultas y niñas.
Las violaciones masivas en la segunda guerra mundial, por parte de ambos bandos, fueron totalmente silenciadas. No se contemplaron en los Juicios de Nüremberg. Ni en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio se juzgó la utilización de decenas de miles de esclavas sexuales por parte del ejército japonés. Un hecho aún menos conocido es que miles de alemanas fueron violadas por tropas aliadas, rusas, estadounidenses, británicas y francesas.
En España, durante la guerra civil de 1936, el bando golpista también utilizó la violación de manera sistemática y programada, como podemos escuchar en las alocuciones del general Queipo de Llano, desde Radio Sevilla, instando a legionarios y regulares a la agresión sexual de las mujeres republicanas, “por mucho que forcejeen o pataleen”.
Otras dictaduras, como las latinoamericanas, también han ejercido violaciones brutales como medio de tortura, previas a asesinatos.
No es casualidad la violencia sexual masiva ejercida contra mujeres en los conflictos africanos, donde la mujer es el pilar de la alimentación y la salud. Durante el genocidio en Ruanda. O en el Congo, donde 500.000 mujeres fueron violadas, y muchas de ellas torturadas y asesinadas. Las supervivientes son rechazadas por su propia familia y excluidas de la comunidad, de tal manera que muchas reconocen desear no haber sobrevivido a la agresión.
En 2014, conocimos el secuestro de 250 niñas de un colegio en Nigeria, por la organización armada Boko Haram. Ante la pasividad de los estados y de la comunidad internacional, a día de hoy se desconoce la suerte corrida por la mitad de ellas.
La impunidad es la tónica. En los escasísimos casos en que las violaciones masivas han llegado a juicio, como en Guatemala -36.000 violaciones durante 36 años, con un solo condenado – las condenas han sido simbólicas.
La primera resolución de la ONU, la 1.325 –Mujeres, Paz y Seguridad– sobre la situación de la mujer en las guerras y posguerras, aunque no se produjo hasta el año 2000, fue un hito. En ella se insta a las partes contendientes en cualquier conflicto armado a adoptar medidas para proteger a niñas y mujeres de la violencia por razón de género, particularmente las agresiones sexuales, y subraya la responsabilidad de enjuiciar estos crímenes, excluyéndolos de cualquier amnistía.
Sin embargo, en la práctica no se ha avanzado demasiado. Ante las denuncias de implicaciones de “cascos azules” y otros participantes en misiones de la ONU, y de miembros de organizaciones no gubernamentales, en miles de abusos sexuales, prostitución de mujeres y niñas, e incluso de su relevante papel en la propagación del sida entre la población, las respuestas no han ido más allá de algunas expulsiones.
Como clave del éxito de las operaciones de paz, la ONU en varias de sus resoluciones propone la incorporación de más mujeres en estas misiones. En la actualidad, la proporción es de 21 hombres por cada mujer.
Difícilmente se solucionará este problema que afecta potencialmente a la mitad de la población mundial, mientras instituciones y personas implicadas en la resolución de conflictos bélicos, mantenimiento de la paz y actuación frente a catástrofes humanitarias, sigan viendo estas agresiones como ‘casos aislados’, y no asumen como prioritario el combate contra el machismo y la sociedad patriarcal.