LA MINISTRA DE FUNCIÓN PÚBLICA ANUNCIA IMPORTANTES MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY DEL RD-LEY 14/2021
Aunque los cambios son aún insuficientes para garantizar la estabilidad en el empleo del personal en abuso de temporalidad, muestran la irresponsabilidad del ex ministro Iceta y de CCOO, UGT y CSIF al pactar un Acuerdo rechazado por la mayoría de grupos parlamentarios y por el personal afectado que se calcula en torno a 800.000 empleados públicos. Dicho acuerdo y el RDL que lo sustanciaba han quedado en «papel mojado» con el inicio de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, que tiene en su punto de salida el compromiso de aplicar el artículo 61.6 del EBEP que posibilita el acceso a la función pública mediante un concurso de méritos.
La ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero ha anunciado ante el pleno del Congreso de los Diputados que va a convalidar el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas para la reducción de la interinidad en las Administraciones Públicas, importantes cambios que hacen referencia tanto a su tramitación, como al contenido del mismo.
Forzado el Gobierno por la posición mayoritariamente en contra de los grupos parlamentarios, las negociaciones habidas en las últimas horas han desembocado en un acuerdo por el que el RD-ley será tramitado como proyecto de ley y en el mismo se introducirán distintos cambios: las pruebas del concurso oposición podrán ser no eliminatorias según determinen las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Por otra parte, para quienes lleven 10 ó más años en un mismo puesto de la administración para el cual no se haya convocado Concurso-Oposición, no será obligatorio el presentarse al concurso-oposición, para lo que se desarrollara el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la posibilidad del acceso a la función pública a través de un concurso de méritos, en casos de excepcionalidad.
El Grupo Parlamentario Republicano (ERC) al final ha cambiado el sentido de su voto que iba a ser No, por un Sí; aceptando las mejoras propuestas por la Ministra. Además se han comprometido a intentar incluir mejoras más acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aún así, ha sido necesario repetir la votación porque la primera ha resultado un empate a 170. Ha sido necesario que una diputada de Unidas Podemos que había votado en contra se abstuviera, según ha informado Europa Press
Aún siendo avances muy modestos y que no solucionan el problema de la inmensa mayoría de las personas afectadas, estas modificaciones demuestran que lo que acordaron Iceta y el triunvirato de centrales sindicales que han quedado en especial evidencia. Es impresentable que se base una actuación que afecta a 800.000 personas en descalificar por ilegal una vía, que -en cuanto se han dado las primeras negociaciones serias con los grupos parlamentarios- se ha aceptado.
Muchos son los factores que nos han llevado a esta situación. La incapacidad y la torpeza de un ministro que no ha permanecido ni cinco meses al frente del ministerio desde donde debía abordarse el problema y la falta de escrúpulos, unida a unas ansías desmesuradas por obtener beneficios propios por encima de los de las personas a las que decían representar, de unos desnortados CCOO, UGT y CSIF, y que no son los menos importantes.
En cualquier caso, la situación sigue estando sin resolver. La solución ha de pasar necesariamente por la estabilidad de los empleados públicos temporales en situación de interinidad, para lo que es imprescindible se establezca una legislación que realmente recoja la consolidación del personal en abuso de temporalidad, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de 2020.
Los cambios anunciados por la actual responsable de Función Pública, Mª Jesús Montero implican el desarrollo como proyecto de ley de la propuesta ministerial, durante los meses de septiembre y octubre. En ese desarrollo parlamentario se debe negociar con los distintos grupos parlamentarios el contenido final de la ley, pero también con la representación sindical del personal interino.
El Real Decreto-ley 14/2021, no solo no soluciona el problema, sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso, si no aprueban unas oposiciones a las que deben acudir en inferioridad de condiciones. Este personal que durante décadas ha sacado adelante unos servicios públicos atacados doblemente -por los recortes en la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular y por la crisis de la pandemia durante los años 2020 y 2021- recibe ahora, como recompensa la puerta de salida, en unos despidos a bajo coste. El Real Decreto-ley convalidado hoy promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza latente para la continuidad de los mismos, y – en definitiva- no resarce de ninguna manera al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad.
Es preciso continuar con la movilización, para que en el trámite parlamentario se legisle teniendo en cuenta las Directivas Europeas y no se penalice nuevamente a miles de personas que han sufrido el abuso de las Administraciones Públicas.
Concentración frente al Congreso de los Diputados el 21 de julio de 2021