SOMOS presenta un Conflicto Colectivo Acuerdo Retributivo del PDI-L

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LA PRECARIEDAD SE INSTALA EN EL PDI CONTRATADO DE UNIZAR

La Universidad de Zaragoza viene mostrando históricamente un absoluto desprecio hacia las retribuciones de su personal. Esta desidia intencionada está conduciendo hacia una precarización cada vez mayor de sus empleados, especialmente de una de sus partes más débiles: el personal docente e investigador contratado.

Ya no se puede seguir manteniendo un discurso de que las figuras de entrada en la carrera universitaria no deberían estar tan bien pagadas como otras. En primer lugar, no es de recibo que la carrera universitaria esté peor pagada que otras carreras docentes. Las exigencias actuales, marcadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), son realmente altas. Ello conduce a que el profesorado actual tenga unos currículos excelentes. Sin embargo, en la Universidad de Zaragoza esa excelencia no se retribuye de acuerdo con la alta exigencia. Las retribuciones del personal docente de esta universidad no resisten comparación con prácticamente ninguna otra universidad española. No hablamos ya de las universidades de las comunidades históricas sino siquiera podemos compararnos con el grupo G-9 en el que se incluye nuestra universidad.

En segundo lugar, estas exigencias están incidiendo en que algunas de las figuras dejen de ser estrictamente figuras de entrada. Es una aberración que la estabilidad laboral no se pueda conseguir hasta edades que rondan la cincuentena. Cierto es, para ser justos, que en los años de la crisis confluyeron una serie de factores que favorecieron ese retraso en la seguridad laboral. Pero no es menos cierto que sigue siendo una grave anomalía que en figuras de entrada se encuentren en la actualidad personas que han encadenado contratos basura a lo largo de más de 20 años. No hace falta recordar que detrás de cada trabajador con estas edades hay una familia, una hipoteca, etc. o quizá no puede haber ninguno de estos proyectos dada la inseguridad laboral.

Esta situación está llevando, y llevará cada vez más, hacia una gran dificultad para encontrar personas que quieran hacer carrera universitaria: profesores e investigadores. Está ocurriendo en áreas donde el trabajo de calidad y bien remunerado está asegurado. Podemos pensar por ejemplo en algunas ingenierías o en medicina. Existen problemas realmente graves para encontrar relevo generacional. Es evidente que una carrera muy mal pagada y plagada de obstáculos es capaz de terminar con las vocaciones más pertinaces. Si este tipo de carrera académica se sigue manteniendo, se está comprometiendo de manera suicida la continuidad de la universidad pública. Mientras tanto, las universidades privadas siguen creciendo en este caldo de cultivo ideal.

Resulta paradójico que, con este panorama, una parte del equipo rectoral nos acuse de intentar “cargarnos” la Universidad de Zaragoza por pedir unas retribuciones algo más dignas que las actuales. En definitiva, este reproche lo recibimos por tratar de conseguir que los trabajadores de esta universidad se acerquen mínimamente al nivel retributivo de otras universidades públicas españolas, de manera que tengan un mayor incentivo a la hora de hacer su trabajo. La desmoralización de la plantilla más precaria es un hecho que los sindicatos vivimos día a día. Ayer mismo, nos llegaron ya señales de hartazgo de un colectivo que, buena parte de él, estaba pensando ya en preparar oposiciones para el ingreso en la educación secundaria y apartarse de una vez del mundo universitario. Resulta verdaderamente triste y penoso que se desperdicie tan alegremente un capital humano tan valioso.

Las intenciones de la Universidad de Zaragoza siguen sin ser nada halagüeñas en lo que respecta a la mejora de retribuciones de su personal más precario. Todo ello en un contexto favorable para que se produzcan, tras el según la propia universidad “gran” acuerdo de financiación con el Gobierno de Aragón. En este, además, figuran como objetivos la dignificación de esas retribuciones. Pues bien, la universidad sigue rascando y rascando los bolsillos precarios con la excusa de que no hay suficiente dinero. La reflexión es fácil. Estamos ante unos pésimos gestores que a pesar del “gran” acuerdo no tienen dinero para dignificar la carrera de sus empleados. Eso sí, como ya se ha comentado ampliamente en la comunidad universitaria, están “valorando” el cambio de una plataforma de software libre por otra de software de pago que no resultará muy barata. A pesar de que el acuerdo de financiación expresamente recoge la obligatoriedad de derivar hacia el software libre frente al propietario. ¿Estamos ante falta de dinero, ante una pésima gestión o ante una desidia hacia los empleados precarios?

NUESTRO OBJETIVO EN EL CONVENIO: REDUCIR LA PRECARIEDAD, ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO

En este contexto es en el que nos encontramos negociando el II Convenio Colectivo para el PDI laboral. Previamente a la aprobación del Convenio -del que todavía quedan algunos puntos por terminar- se llegó a un Acuerdo Retributivo de Mejoras Retributivas del PDI Este documento salió adelante con la firma por parte de la universidad y la mayoría sindical. Nuestro sindicato se negó a firmar ese acuerdo puesto que llamar a esa subida salarial “mejora” más bien parece un oxímoron. Para completar nuestro descontento esa supuesta mejora creaba una discriminación que profundizaba todavía más la brecha salarial en las figuras más precarias.

Tras pensarlo y debatirlo en el seno de nuestros representantes y delegados decidimos interponer el pasado martes 31 de enero un conflicto colectivo contra algunas de las medidas del citado Acuerdo de Empresa. La presentación no es sino una medida para que un mayor número de PDI pueda percibir subidas salariales justas y que le corresponden. Además, el incumplimiento por parte de la Universidad de Zaragoza del Acuerdo de Financiación con el Gobierno de Aragón nos instó de una manera más incisiva a interponer este conflicto.

 

CONFLICTO COLECTIVO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y POR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN

Los derechos que exigimos que se cumplan mediante dicho conflicto se resumen en los siguientes puntos:

  1. Percepción de quinquenios docentes y sexenios de investigación también por parte del PDI asociado contratado a tiempo parcial. El tipo de contrato no puede determinar la excelencia de la docencia o la investigación llevada a cabo. También se puede ser excelente con un contrato a tiempo parcial. Para colmo de incoherencia, resulta que esa falta de excelencia durante ese periodo luego pasa a ser excelencia cuando se reconocen esos periodos para la petición de quinquenios y sexenios cuando se alcanza la figura de funcionario.
  2. Equiparación al 100% del salario base de los Profesores Ayudantes Doctores al del profesorado preuniversitario, tal y como establece la Orden CUS/603/2022 de 19 de abril. También solicitamos el 100% de las subidas previstas para el Profesorado Asociado a Tiempo Parcial y para el Profesorado Colaborador no Doctor.
  3. Equiparación del sueldo de los Profesores con Contrato de Interinidad al del Profesor Ayudante Doctor, respetando el Acuerdo de la CIVEA de 25 de enero de 2019. Esta equiparación, que existía hasta el 31 de diciembre de 2022, no la respeta el Acuerdo de Empresa mencionado arriba, con la consiguiente merma encubierta en el salario de este profesorado.
  4. Reconocimiento y pago de sexenios de investigación (y, en su caso, quinquenios de docencia) al PDI con labores exclusivamente investigadoras. También resulta pintoresco, al menos, que un investigador no pueda obtener un reconocimiento a su labor investigadora.

NO HAY NEGOCIACIÓN

Tras la convocatoria a las partes implicadas en la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía social del Gobierno de Aragón el día 8 de febrero, no se ha llegado a ningún acuerdo. Por la representación de la Universidad se ha rechazado nuestro ofrecimiento de negociar la aplicación temporal del reconocimiento del derecho de los colectivos excluidos del acuerdo, motivo por el cual se formulará la correspondiente demanda ante la jurisdicción Social.