Con el nombramiento en el BOA, previsto para el 9 de abril, la Rectora Rosa Bolea y su equipo se enfrentan a unos importantes retos de futuro que necesariamente pasan por poner a las personas que componemos la Comunidad Universitaria en el centro de su acción política.
El Gobierno debe procurar financiación suficiente y la Rectora debe poner a las personas que componen la universidad, en el lugar que merecen.
En la celebración de la festividad de la Universidad de Zaragoza desde el sindicato SOMOS queremos realizar un análisis de la situación de la institución y plantear los retos de futuro a los que se enfrenta la nueva Rectora de esta institución que ha cumplido 550 años desde su fundación.
Sin duda, el principal reto es obtener una financiación suficiente que posibilite el acceso de los estudiantes con menos recursos y que dote de unas condiciones laborales que atraigan y retengan el talento, materias que son responsabilidad del Gobierno de Aragón con quien la nueva Rectora deberá negociar un nuevo acuerdo de financiación.
Respecto a las posibilidades de acceso a estudios universitarios, es preciso tener en cuenta lo indicado en el último Informe de la Fundación 1º de Mayo, en el que se afirma que los hogares en España aportan el 30,38% del gasto en educación terciaria frente al 22,02% que aportan de media en los hogares de los países de la OCDE.
Según los datos del informe 2024 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Aragón es la tercera comunidad autónoma con los precios de la primera matrícula más altos de España y la cuarta con los precios más altos para la primera matrícula de un máster habilitante.
Esta situación es producto de una política cicatera en la determinación de los precios públicos universitarios, pues en lugar de reducirse “se congelan” esperando que la inflación haga su trabajo. Todo ello a pesar que el Modelo Global de Financiación de la Universidad 2022-2026 suscrito por el Gobierno de Aragón establecía como uno de sus objetivos la reducción paulatina de las tasas, para caminar hacia una universidad pública gratuita y de calidad, comprometiéndose el Gobierno a compensar la minoración de ingresos que esta reducción produjera mediante una compensación anual. El incumplimiento de este objetivo ralentiza la función de ascensor social de la Universidad, pues deja amplias capas de la sociedad fuera de su alcance.
Ese mismo Modelo Global de Financiación “congeló” la asignación establecida en 2023 para los tres años siguientes destinada a los incentivos para el personal docente e investigador ligados al cumplimiento individual de méritos de docencia e investigación.
Por su parte el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios lleva 10 años con el mismo número de efectivos, mientras se incrementa el número de docentes e investigadores y el número de estudiantes, cuenta con categorías profesionales muy por debajo de las que corresponden a los puestos de trabajo que desempeñan y padece una carrera profesional cuya retribución supone la cuarta parte de lo que percibe el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por ese mismo concepto.
Como se puede apreciar, los estímulos para atraer y retener el talento en la Universidad Pública de Aragón cada vez son menores.
En definitiva, las personas que componen la Comunidad Universitaria, padecen los rigores de una financiación insuficiente y de un deterioro de sus condiciones laborales, circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta por la nueva Rectora a la hora de negociar con el Gobierno de Aragón un modelo de financiación que, con una nueva mirada, ponga a las personas que formamos la Comunidad Universitaria en el lugar que les corresponde.
Noticia en la Prensa Aragonesa