El Consejo de Ministros ha acordado que el incremento de los salarios de los empleados públicos para 2020 sea del 2%. Teniendo en cuenta que el IPC de 2019 fue del 0,8% podemos pensar que nuestros sueldos están de enhorabuena.
¿Realmente es así?
Debemos recordar que la actual subida estaba contemplada en el II Acuerdo Mejora Empleo Público y Condiciones de Trabajo que tenía como objetivo recuperar la pérdida de poder adquisitivo perdido en los últimos años. En dicho acuerdo se establecían los incrementos salariales para 2018, 2019 y 2020.
Según ese acuerdo, el incremento de las retribuciones en 2020 podía llegar al 3,85% (página 5)
¿Finalmente, en qué se ha quedado el Acuerdo?
Para entenderlo bien, es preciso tener en cuenta que en él se establece una parte fija y una variable (sujeta al cumplimiento de dos condiciones).
La Fija es:
- un incremento del 2%
- y un 0,30% de la Masa Salarial para Fondos Adicionales.
La Variable es:
- un incremento del 1% si el crecimiento del PIB en 2019 alcanza el 2,5%
- y un 0,55% en caso que en 2020 se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit del 1,1% del PIB).
El caso es que el FMI ha fijado su previsión de crecimiento del PIB en el 1,6%, el Banco de España lo sitúa en el 1,7%. Las previsiones más optimistas hablan del 2%. De forma que no veremos el incremento del 1% variable, ni ninguna parte proporcional, ya que esta operaba por encima del 2%.
Tampoco vamos a ver el incremento del 0,55% establecido en la segunda condición, pues el déficit público se prevé en el 2,5%. De hecho el Real Decreto 2/2020 ni lo menciona, tampoco los firmantes lo reclaman a pesar de estar en texto inicial como puedes comprobar.
Reflexión:
En primer lugar, resulta evidente que este sistema de vincular retribuciones a la marcha de la economía del país (sólo en contextos desfavorables, porque cuando el crecimiento era importante nadie planteaba esta fórmula) no sirven para recuperar el poder adquisitivo perdido como consecuencia, precisamente, de una mala situación económica. En el mejor de los casos se puede calificar a los firmantes de «poco realistas», pues ahora no hay un Plan B para recuperar el poder adquisitivo.
En segundo lugar, no estamos de acuerdo en que nuestras retribuciones se vinculen al concepto privado de «reparto de beneficios» (en nuestro caso es reparto de pérdidas), pues entendemos que debemos tener un salario justo por nuestro trabajo y si el país va bien (entre otras cosas, gracias a nuestro trabajo) debe hacer «el reparto de beneficios» con la sociedad en su conjunto, especialmente con los menos favorecidos.