Organizar el inicio del curso universitario en un escenario con el grado de incertidumbre, como el que estamos viviendo, no resulta una tarea sencilla.
Desde la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 6 de julio, donde se acordaron las Directrices para afrontar el desarrollo de la docencia en el curso académico 2020-21, en la situación de nueva normalidad, hasta hoy, han transcurrido 50 días en los que hemos pasado de 13 a 325 contagios diarios en Aragón.
Estas Directrices apostaron por una docencia y evaluación presencial, con limitación de aforos del 50%, compatible con el uso del streaming y con posibilidad de ir a un modelo mixto de docencia on-line, en determinadas circunstancias. De hecho, los próximos exámenes de septiembre correspondientes a asignaturas del último cuatrimestre serán on-line, en coherencia con la docencia on-line de ese cuatrimestre.
Más recientemente, el 16 de julio, el Comité de Seguridad y Salud acordó una serie de medidas preventivas de carácter organizativo tanto individuales como colectivas, con la finalidad de facilitar el desarrollo de nuestra actividad en las mejores condiciones de seguridad. Circunstancias que, en gran medida, se han visto superadas por la grave situación de la pandemia en Aragón. Resulta evidente que si se mantienen con tasas de trasmisión comunitaria diarias del orden de 45 por 100.000 habitantes llegará el virus a los centros universitarios, pues está presente en los barrios y pueblos de que se nutre su alumnado.
El escenario de desescalada hacia la nueva normalidad que ha servido para planificar el presente curso choca de bruces contra la realidad. Resulta difícil comprender que el Gobierno de Aragón prohíba reunirse más de 10 personas de una misma familia en un domicilio, al tiempo que se permiten grupos muy superiores en las clases de la Universidad. Por ello, los Planes de Contingencia que se están realizando deben permitirnos saber qué debemos hacer en función de los diferentes escenarios que se produzcan, toda vez que no se ha apostado por una docencia 100% online.
Los principios en que se deben inspirar esos Planes son: la seguridad del personal universitario, la suficiencia de recursos y la transparencia.
En primer lugar, es necesario proteger a las personas especialmente sensibles, que presentan alguna vulnerabilidad descrita por las autoridades sanitarias. Hasta ahora el Servicio Médico de Prevención contratado por la UZ se despacha afirmando que nuestra actividad no se desarrolla en un centro sanitario o socio-sanitario y por tanto no existe riesgo. Es preciso que todo aquel que lo precise disponga de mascarillas FFP2 o de un Equipo de Protección Individual apropiado. Debemos conseguir que se incorporen los test serológicos y las pruebas PCR a los reconocimientos médicos, o al menos a quienes tengan contactos dudosos, así como impulsar la instalación de la aplicación RADAR COVID y realizar una campaña de vacunación de la gripe al personal universitario, para reducir el posible impacto de una sintomatología que se pueda confundir con la Covid-19.
En el PAS es necesario establecer limitaciones a la presencialidad, especialmente en las unidades en las que hay un número importante de efectivos, incentivando el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea posible. Se trata de “hacer grupos estancos” con las plantillas para garantizar que, en el peor de los casos, no va a resultar infectado todo el personal de la unidad.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el teletrabajo es una medida preventiva y una medida de conciliación, para los puestos que no son susceptibles de teletrabajar es preciso implementar medidas de conciliación específicas.
En segundo lugar, debemos contar con recursos suficientes para contratar profesorado que atienda el mayor encargo docente que se deriva de la mayor carga de trabajo que supone trabajar en un sistema mixto (on-line y presencial). No es de recibo que en enseñanza no universitaria se estén contratando profesores para atender la docencia que se deriva de una reducción de las ratios alumno/profesor y que en la universidad el mismo profesorado deba atender más carga de trabajo.
Asimismo, debemos contar con recursos para equipos informáticos y asistencia técnica. No puede ser que estemos renovando nuestros ordenadores particulares para dedicarlos al trabajo universitario, o que los equipos con más de cinco años de nuestros despachos no puedan ser actualizados por falta de asistencia técnica.
El Gobierno de Aragón debe corresponsabilizarse de la situación aportando los recursos que se necesiten, para ello, entre otras, cuenta con la aportación que nos corresponde del Fondo Covid para Universidades de 400 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros.
Por último, necesitamos seguir manteniendo la cohesión de toda la Comunidad Universitaria, en base a la transparencia de los responsables universitarios. Es preciso disponer de la información necesaria antes de haber tomado las decisiones, con el fin de que toda la plantilla pueda conocer y participar en ellas.
Es preciso que la nueva realidad incorpore la defensa y mejora de nuestras condiciones de trabajo, y para ello debemos poner en marcha los órganos de representación (juntas de personal-comités de empresa) y las mesas de negociación (MNUZ y Mesas Sectoriales) para reanudar una interlocución adecuada con el Rectorado y con el Gobierno de Aragón, responsable último de la Universidad de Zaragoza.